El comité vota para emitir citaciones contra Domus Management Company por las condiciones de vivienda en Western Addition

El comité de la Junta de Supervisores que supervisa el gobierno de la ciudad votó para emitir citaciones a la empresa administradora, a las juntas de las cooperativas y a la corporación propietaria detrás de un grupo de edificios de apartamentos en Western Addition, al final de una audiencia en la que no aparecieron las partes que los inquilinos más querían interrogar.

Los inquilinos de las cooperativas y complejos de apartamentos administrados por Domus Management Company describieron aguas residuales sin tratar e inundaciones, moho, techos con filtraciones e infestaciones de ratas. Describieron seguridad averiada o inexistente, y entradas no autorizadas en sus hogares. Describieron avisos de desalojo vinculados a recertificaciones fallidas, la revisión periódica de ingresos que exigen los programas federales de vivienda, y a atrasos en los libros contables que la empresa no podía sustentar cuando preguntaban por ellos. Residentes de todos los edificios describieron el mismo tipo de problemas.

La audiencia abarcó desalojos, problemas de habitabilidad y otras irregularidades administrativas en las propiedades. La agenda enumeró primero los desalojos, luego los problemas de habitabilidad y otras irregularidades administrativas. Los residentes testificaron primero. El personal de derechos civiles y los abogados que representan a los inquilinos testificaron después. Se invitó a la empresa administradora a responder a todo ello, y también a las juntas de las cooperativas, a la corporación propietaria y a funcionarios federales de vivienda. Ninguno de ellos asistió, y los miembros del comité volvieron una y otra vez a los asientos vacíos, tratando la ausencia como el problema que subyace al resto del testimonio.

Los casos de desalojo concentraron la mayor cantidad de testimonio. Los inquilinos dijeron que se presentaron demandas de retención ilícita, el proceso judicial para desalojar a un inquilino, por pequeñas cantidades de dinero por avisos, mientras que deudas mucho mayores, no respaldadas por los registros de la empresa, se les mantenían pendientes en negociaciones de acuerdo. Los avisos siguieron a recertificaciones fallidas, y los saldos detrás de ellos, dijeron los inquilinos, no podían ser explicados por nadie en la empresa. Cada aviso conllevaba la amenaza de perder la unidad.

El personal de derechos civiles y los abogados de inquilinos que testificaron dijeron que sus oficinas no tienen jurisdicción de ejecución sobre la empresa administradora, y que los intentos de mediación fueron rechazados. El panorama que escuchó el comité era el de inquilinos sujetos al proceso de desalojo mientras las agencias públicas a las que se quejan no pueden llegar a la parte de la que se quejan. Los edificios forman parte de un programa federal de vivienda, una de las razones por las que los funcionarios federales de vivienda estuvieron entre los invitados a comparecer.

Sin nadie del lado de la administración presente, el comité no pudo presentar ninguna de esas versiones a la empresa ni pedirle que explicara los libros contables, los avisos o el estado de las unidades. Votó para emitir citaciones que obliguen a comparecer a una audiencia fijada provisionalmente para el 3 de diciembre. La moción se aprobó. La presidencia mantuvo el asunto pendiente hasta convocatoria de la presidencia, lo que deja el punto abierto y permite al comité traerlo de vuelta sin una nueva solicitud de audiencia.

Las citaciones son el resultado concreto, y nombran a las partes que faltaron a la audiencia: la empresa administradora, las juntas de las cooperativas, la corporación propietaria y los funcionarios federales de vivienda. Las propiedades en cuestión son cooperativas y complejos de apartamentos en Western Addition. Una citación exige testimonio y documentos, y es el principal medio del comité para que la parte administradora quede en el registro. No ordena reparaciones, resuelve un arrendamiento ni abre un caso de ejecución, y las agencias de la ciudad que testificaron no describieron ninguna vía para actuar contra la empresa administradora.

Las cooperativas como estas son propiedad de sus accionistas residentes, que eligen a las juntas, y esas juntas contratan a la empresa administradora. A las tres se les pidió comparecer, y a las tres se les emitieron citaciones.

La acción del comité no cambia las condiciones que describieron los inquilinos ni el estado de ningún caso pendiente. Lo que sigue depende de la audiencia de diciembre. Si las partes citadas comparecen, el comité tendrá su primera oportunidad de interrogarlas sobre los atrasos, los avisos y las condiciones que describieron los inquilinos. Si no lo hacen, el punto sigue abierto, los relatos de los inquilinos quedan en el registro público y las respuestas que buscaba el comité seguirán faltando.